1938 Cuando el franquismo quiso borrar la Luz de los muros

 Hay odios que no se conforman con vencer al enemigo: necesitan borrarlo. El 21 de diciembre de 1938, el franquismo decidió que la masonería no debía dejar ni rastro, ni memoria, ni huella visible en España.

En diciembre de 1938 la Guerra Civil española se encontraba prácticamente decidida. El bando franquista avanzaba con seguridad hacia la victoria militar, pero la guerra ideológica estaba lejos de concluir. Francisco Franco y su entorno entendían que el control del territorio no bastaba; era necesario dominar la conciencia colectiva y eliminar cualquier símbolo que representara pensamiento autónomo o disidencia moral.

En ese contexto, la masonería fue convertida en enemigo absoluto. No solo como organización real, sino como concepto simbólico al que se atribuían todos los males de España: la secularización, el liberalismo, la República, el laicismo y hasta la conspiración internacional. El masón dejó de ser un ciudadano concreto para convertirse en una figura fantasmática, omnipresente y culpable de todo.

La obsesión antimasónica de Franco no fue improvisada. Se alimentó de propaganda, prejuicios religiosos y una visión del mundo profundamente autoritaria. La masonería representaba exactamente lo contrario de lo que el nuevo régimen pretendía imponer: libertad de conciencia, pluralismo moral y fraternidad sin dogma.

El decreto emitido el 21 de diciembre de 1938 ordenaba la destrucción de toda inscripción, emblema o símbolo masónico existente en España. No se trataba solo de prohibir actividades o clausurar logias, sino de borrar físicamente cualquier rastro visible de la Orden. La intención era clara: reescribir el paisaje simbólico del país.

Escudos picados, lápidas alteradas, documentos destruidos, archivos incautados. La persecución no distinguía entre lo público y lo privado. El símbolo era considerado tan peligroso como la persona. El régimen entendía que la memoria visual podía ser semilla de resistencia y decidió erradicarla.

Este decreto funcionó como antesala jurídica y psicológica de una represión aún mayor. Dos años después, en 1940, se aprobaría la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que institucionalizó la caza del masón como política de Estado. Lo de 1938 fue el aviso: primero se borran los signos, luego a los hombres.

Las consecuencias para la masonería española fueron devastadoras. Miles de personas fueron investigadas, encarceladas, depuradas profesionalmente o condenadas en juicios sin garantías. Bastaba una denuncia, un archivo incautado o un rumor para caer bajo sospecha. Ser masón equivalía a ser culpable.

Las logias desaparecieron del espacio público y muchas se disolvieron definitivamente. Otras sobrevivieron en la clandestinidad o en el exilio, especialmente en Francia y América Latina. El miedo se instaló durante décadas. Incluso quienes nunca habían sido masones aprendieron a no preguntar, a no recordar, a no nombrar.

El franquismo logró algo más que represión física: impuso el silencio. Durante generaciones, la palabra masonería fue sinónimo de peligro. Se borró de los libros, de las conversaciones y de la historia oficial. La victoria no solo fue militar, sino simbólica.

Con la llegada de la democracia, la masonería comenzó lentamente a reaparecer en España. No sin dificultades, ni sin resistencias. El daño había sido profundo y la desconfianza persistía. Pero la Orden demostró una vez más su capacidad de adaptación y supervivencia.

Recuperar la memoria de la persecución no es un acto de revancha, sino de justicia histórica. Nombrar lo ocurrido es impedir que vuelva a repetirse. El decreto de 1938 nos recuerda hasta qué punto el poder teme a las conciencias libres organizadas.

El franquismo quiso borrar la masonería de los muros, pero no pudo borrarla de la historia. Cada símbolo destruido dejó un vacío que hoy reclama memoria. Y recordar, también, es una forma de resistencia.